Esta semana hemos seguido trabajando y aprendiendo, y lo que hemos descubierto nos preocupa. Os lo queremos contar porque creemos que todos debéis saberlo.
El Gobierno Vasco nos dice que los 283 alojamientos dotacionales previstos en nuestro barrio son para los jóvenes donostiarras. Y cuando decimos jóvenes donostiarras, hablamos de algo muy concreto y muy cercano: hablamos de nuestros hijos e hijas. De los chavales de esta ciudad que han terminado sus estudios, que trabajan, que quieren salir del domicilio familiar y dar sus primeros pasos solos. Jóvenes que necesitan un tiempo, un alojamiento asequible donde ahorrar, estabilizarse y desde ahí poder acceder a una vivienda real cuando finalice su estancia. Eso es la emancipación. Eso es lo que estos alojamientos deberían ser para ellos. Tendrían que serlo. Deberían serlo y quieren que pensemos que serán.
Pero el sistema de adjudicación previsto hace esa promesa imposible. Y no lo decimos solo nosotros. Hoy mismo, Noticias de Gipuzkoa publica un artículo que lo confirma con un dato demoledor: casi la mitad de los jóvenes entre 26 y 34 años siguen viviendo en casa de sus padres porque no pueden emanciparse. Los que trabajan, los que tienen ingresos pero no llegan al mercado libre, quedan atrapados en tierra de nadie porque el sistema público tampoco está pensado para ellos.
Y es que Etxebide, el registro de vivienda del Gobierno Vasco a través del cual se adjudicarían estos alojamientos, reparte las plazas por puntos: antigüedad en el registro, ingresos bajos, cargas familiares y situaciones de vulnerabilidad acreditada. Ese joven donostiarra que trabaja, que ha salido adelante, que no ha necesitado los servicios sociales, que quiere independizarse y construir su vida aquí… apenas puntúa. Siempre llegará el último. No porque no lo merezca, sino porque un sistema diseñado para atender situaciones de exclusión social no puede ser simultáneamente un instrumento de emancipación juvenil. Son objetivos distintos que necesitan instrumentos distintos.
Y la situación va a empeorar. En este momento se está desarrollando un proceso de regularización extraordinaria que afectará a cerca de 26.000 personas solo en Euskadi. Muchas de ellas llevan años inscritas en Etxebide acumulando antigüedad, y una de las vías de regularización es obtener un certificado de vulnerabilidad que además suma puntos en el registro. La lista de solicitantes en Gipuzkoa ya ha crecido un 13% en solo tres meses, superando los 32.000 inscritos. Y no ha hecho más que empezar. Nuestros jóvenes competirán en desventaja creciente en una lista que no para de crecer.
El problema no son las personas. El problema es la política. Un sistema que no distingue entre la necesidad de emancipación de nuestros jóvenes y una situación de exclusión social no sirve a ninguno de los dos objetivos con justicia.
Si el Gobierno Vasco quiere realmente que estos alojamientos lleguen a los jóvenes donostiarras como primer peldaño de su emancipación, tiene la obligación de diseñar instrumentos específicos: criterios de arraigo en la ciudad, cupos efectivos, vinculación territorial real. Y garantizar que cuando esos jóvenes finalicen su estancia tengan una vía real de acceso a una vivienda. No dejarles caer al vacío. Sin esas garantías, lo que se está haciendo es utilizar a nuestros jóvenes como excusa para construir 283 alojamientos temporales en Riberas de Loiola, en un barrio sin equipamientos suficientes, sin escuchar a sus vecinos, y cargando sobre un solo barrio lo que debería distribuirse por toda la ciudad.
Nuestros hijos e hijas merecen una oportunidad real en su propia ciudad. No queremos que se vayan. No queremos que malvivan. Queremos que tengan un futuro aquí, donde han crecido, donde están sus raíces. Y eso no se construye con promesas vacías: se construye con políticas honestas, con sistemas justos y con responsables políticos que digan la verdad.
Seguimos. Por nuestro barrio. Por nuestros jóvenes.
