Durante meses, la Asociación de Vecinos de Riberas de Loiola ha venido alertando, con argumentos jurídicos, técnicos y urbanísticos, de los riesgos que entraña seguir adelante con la construcción de 83 alojamientos dotacionales en la parcela g.000.7. No se trata de una postura caprichosa ni de una resistencia irracional al cambio. Se trata de una defensa responsable del barrio, del planeamiento aprobado y del interés general de toda la ciudadanía donostiarra.
Los vecinos del barrio han presentado dos recursos —uno contencioso-administrativo y otro especial en materia de contratación— que cuestionan la legalidad del Plan Especial y de los pliegos de la licitación. Ambos procedimientos están vivos, pendientes de resolución, y ambos ponen de manifiesto que existen dudas razonables sobre la validez de las actuaciones administrativas que sustentan el proyecto.
En este contexto, la Asociación ha solicitado formalmente al Gobierno Vasco la suspensión temporal de cualquier actuación administrativa, contractual o material relacionada con la parcela g.000.7. No se pide paralizar la actividad pública de manera indefinida ni bloquear decisiones legítimas. Se pide algo tan básico como prudencia institucional: no avanzar en una actuación que podría ser declarada nula, evitando así daños irreversibles y costes que, una vez generados, recaen sobre todos.
Porque esta es la cuestión central: cuando la Administración ignora las advertencias, ¿quién paga después los errores? La respuesta es incómoda, pero evidente. Los errores no los pagan quienes los cometen. Los pagan los vecinos, los contribuyentes, los servicios públicos y, en última instancia, la ciudad entera.
Si se adjudica un contrato que luego debe anularse, habrá indemnizaciones. Si se inician obras que luego deben revertirse, habrá costes millonarios. Si se consolidan hechos consumados antes de que los tribunales se pronuncien, habrá responsabilidades patrimoniales. Y si se altera un espacio dotacional concebido para equilibrar el barrio, habrá consecuencias urbanísticas que afectarán a la convivencia, a los servicios y a la calidad de vida.
Todo esto se ha advertido una y otra vez. Con informes. Con recursos. Con escritos formales. Con argumentos sólidos. No se trata de opiniones, sino de riesgos jurídicos reales que cualquier administración responsable debería tener en cuenta.
La parcela g.000.7 no es un solar vacío esperando una oportunidad. Es un espacio dotacional previsto para equipamientos colectivos en un barrio ya consolidado. Transformarlo en alojamientos —aunque se les denomine “dotacionales”— supone alterar la estructura urbana diseñada en el planeamiento general. Y hacerlo mientras existen procedimientos judiciales abiertos es, sencillamente, una temeridad.
La Asociación no busca confrontación, sino responsabilidad. No pretende impedir la acción pública, sino evitar que se generen daños irreversibles antes de que los tribunales aclaren si el proyecto es legal. La prudencia institucional no es un obstáculo: es una garantía. Una garantía de seguridad jurídica, de buena administración y de respeto a la ciudadanía.
Porque, al final, lo que está en juego no es solo una parcela. Es la confianza en las instituciones. Es el respeto al planeamiento. Es la coherencia del modelo de ciudad. Y es la certeza de que las decisiones públicas se toman pensando en el interés general, no en la cabezonería política.
Riberas de Loiola merece decisiones responsables. Merece que se escuchen las advertencias. Merece que se eviten errores que después pagaremos todos. Y merece que cualquier actuación urbanística de impacto se lleve a cabo con plena seguridad jurídica y con respeto al barrio y a su gente.
