Comencemos dejando algo muy claro ante la opinión pública y las instituciones: nadie nos va a dar lecciones de solidaridad porque somos un ejemplo de convivencia. Riberas de Loiola ha demostrado históricamente una capacidad de acogida e integración de vivienda pública superior a la de la mayoría de los barrios de la ciudad. No aceptamos discursos moralistas de quienes se defienden insultándonos, ni de aquellos que deciden de modo autoritario los sacrificios que debemos hacer otros, mientras su mayor problema de convivencia es el ruido del cortacésped del vecino y el olor a cloro de la piscina.
Nuestra postura es firme y responde a una realidad evidente: nos preocupa profundamente la inseguridad que acompaña a las promociones del Gobierno vasco. Y frente a la insistencia de la administración, que se escuda en la pregunta de ¿Por qué no construir en Riberas, si “hay parcelas”?, respondemos con datos, urbanismo y sentido común, desmantelando la propaganda con realidades.
La metáfora del abandono institucional
Imaginad que decidís llevar a vuestro hijo a un colegio. Pasan las semanas y el profesor no aparece. Un buen día, llegan nuevos alumnos al centro a los que hay que acoger y, en vez de enviar por fin al profesor que falta, la dirección decide quitar su mesa para que quepan los nuevos alumnos.
Eso es exactamente lo que pretenden hacer con Riberas: en lugar de poner en marcha los servicios pendientes, eliminan el espacio destinado a ellos para masificar el barrio. Y para siempre.
La realidad urbanística: La edificabilidad está agotada
La frase que no paramos de repetir últimamente no es un eslogan de campaña; es una verdad técnica: “Riberas no tiene parcelas para construir vivienda”.
- Límite alcanzado: La edificabilidad del barrio está totalmente agotada. Esto significa que Riberas ya llegó al tope de construcción previsto para poder garantizar unas condiciones mínimas de calidad de vida, salud y servicios adecuados.
- Secuestro de suelo público: El problema es que ahora se pretende utilizar el suelo reservado exclusivamente para equipamientos y servicios públicos (médicos, culturales, deportivos) para levantar nuevos alojamientos.
- Barrio incompleto: En lugar de crear los servicios que necesita un barrio que sigue creciendo, eliminan esos espacios para meter todavía más población, condenándonos a ser un barrio incompleto para siempre.
Esto no es egoísmo ni un capricho. Otros barrios consolidados, como Egia o el Antiguo, no sufren estas agresiones porque ya cuentan con los servicios necesarios y una estructura urbana madura. En Riberas, en cambio, se nos sigue negando desde hace más de 20 años lo que por sentido común nos corresponde.
Trampas legales frente a la «emergencia habitacional»
Todos entendemos la emergencia habitacional y nadie discute la necesidad de la vivienda pública. Pero la gravedad de un problema no justifica degradar las condiciones de vida de los vecinos ni saltarse las normas urbanísticas.
¿Cómo pretenden construir donde ya no se puede? Lo hacen mediante la figura de los alojamientos dotacionales, una fórmula que permite levantar infravivienda en lugares donde, en condiciones normales, la ley prohíbe la construcción residencial.
Las reglas urbanísticas existen para garantizar barrios habitables y equilibrados. Cuando los responsables políticos fuerzan excepciones continuamente para esquivar sus propias leyes, quienes pagan las consecuencias son los ciudadanos.
¿Por qué nos oponemos de forma rotunda?
Nuestra oposición no es una cuestión ideológica; es una postura de sentido común y dignidad en la que coinciden partidos tan dispares como EH Bildu, PP o Podemos, quienes han votado en contra de proyectos como las torres de la rotonda de La Salle.
- Condiciones de habitabilidad indignas: No se puede considerar aceptable que las personas —en muchos casos mayores y de manera indefinida— vivan junto a un tráfico constante de decenas de miles de vehículos diarios, soportando niveles de ruido incompatibles con el descanso y la salud. Las personas con menos recursos no son ciudadanos de segunda. Un anciano no merece pasar sus últimos años en medio de una autopista.
- Riesgo extremo de segregación y masificación: Los expertos en urbanismo advierten que, para favorecer la integración y evitar problemas de convivencia o saturación de servicios, este tipo de recursos no debe superar las 40 unidades por zona. Sin embargo, en Riberas pretenden concentrar un número de alojamientos equivalente a los previstos para toda Bizkaia.
- Concentración vs. Integración: La vivienda social funciona cuando está distribuida de forma equilibrada entre distintos barrios y mezclada con diferentes perfiles sociales. Las promociones masivas dificultan la convivencia, tensionan los servicios públicos y aumentan la inseguridad. Los urbanistas llevan décadas defendiendo la “mezcla social” precisamente para evitar la creación de guetos.
Propaganda, censura y miopía política
El problema de fondo es que la vivienda se ha convertido en un arma política y en una pasarela de vanidades. Muchos responsables públicos ya no ven personas ni barrios: solo ven titulares, inauguraciones y votos para su carrera.
- De la información al monólogo: Al principio los políticos nos anunciaron grandes sesiones “informativas” para convencernos. Ahora que el barrio está informado y armado con argumentos, han pasado al buzoneo de falsedades pagado con dinero público y a las campañas sesgadas en redes sociales.
- Censura activa: Cuando desde el barrio se desmontan sus datos falsos, la respuesta institucional es eliminar los comentarios o bloquear directamente a los vecinos que argumentan en contra de sus soluciones partidistas. Solo admiten un discurso sin réplica. Querían vecinos dóciles e ignorantes, y ahora sienten una enorme decepción porque dicen que «hemos cambiado». ¡Menos mal!
Con las personas no se juega
Defender Riberas no es ir contra nadie, ni contra la vivienda pública, porque somos el modelo vivo de ella. Defender Riberas es exigir que las cosas se hagan bien: con planificación, con servicios, con seguridad y respetando la dignidad de quienes podrían habitar esas infraviviendas, si finalmente no se respeta el planeamiento que se hizo para el barrio y que nos hizo elegirlo.
Queremos vivienda pública, pero también queremos barrios habitables. Ambas cosas son perfectamente compatibles en una gestión urbana seria y responsable. Lo que no vamos a tolerar son ocurrencias, parches ni experimentos políticos, porque con la calidad de vida y la seguridad de nuestras familias, no se juega.
